La Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación establecen que en el marco de la reforma educativa mejorar la calidad de la enseñanza requiere de una política educativa integral que ofrezca soluciones concretas y de largo plazo a los problemas de fondo. La reforma propone poner en el centro del sistema educativo a las escuelas y con ello transformar la relación entre autoridades, maestros, alumnos, padres de familia y la sociedad en general. El fortalecimiento de las escuelas se convierte en una condición necesaria para asegurar el aprendizaje de los alumnos e impulsar el desarrollo profesional de los maestros. A pesar de que esta Ley ha sido abrogada desde el 15 de mayo de 2019, se considera pertinente seguir aplicando en los Planteles el Plan de Mejora Continua, como una herramienta de planeación que permite elevar la calidad en los procesos tanto administrativos como académicos.